Escudo de las Américas: adhesión de Chile genera cuestionamientos y lleva al canciller al Congreso

La adhesión de Chile al denominado “Escudo de las Américas”, iniciativa impulsada por Estados Unidos para fortalecer la cooperación regional contra el crimen organizado transnacional, se convirtió durante los últimos días en uno de los principales focos de debate político en el país.

La controversia llevó incluso al canciller Francisco Pérez Mackenna a enfrentar una interpelación en la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia inédita para un ministro de Relaciones Exteriores desde la creación de este mecanismo de fiscalización parlamentaria en 2005.

¿Qué es el Escudo de las Américas?

Chile oficializó su incorporación el 22 de septiembre, luego de la participación del Presidente José Antonio Kast en una reunión de la iniciativa durante la Asamblea General de Naciones Unidas.

De acuerdo con la Cancillería, el Escudo de las Américas corresponde a un marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos, cuyo objetivo es fortalecer la cooperación frente al crimen organizado transnacional.

El Gobierno destaca entre sus posibles beneficios el intercambio de información, sistemas de análisis de datos, capacitación de organismos de seguridad y una mayor coordinación fronteriza con países como Argentina, Bolivia y Perú.

Además de Chile y Estados Unidos, participan Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

¿Dónde está la controversia?

El debate se concentra principalmente en el alcance de la declaración suscrita por los países participantes.

El documento contempla tres áreas de cooperación: económica, de seguridad y de coordinación multilateral. Entre sus materias aparecen el intercambio de inteligencia, cooperación contra organizaciones criminales, control de inversiones y resguardo de cadenas de suministro de minerales críticos.

El texto también contempla referencias a sanciones contra organizaciones calificadas como narcoterroristas y a una eventual acción colectiva bajo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Estos elementos han generado cuestionamientos de parlamentarios de oposición, quienes sostienen que la iniciativa tendría un alcance mayor al informado inicialmente por el Ejecutivo.

Oposición recurrió a la Contraloría

El debate llegó también a la Contraloría General de la República.

Diputados de oposición solicitaron al organismo fiscalizador que revise la legalidad de la adhesión chilena y que se soliciten antecedentes al Gobierno respecto de los documentos, anexos, protocolos o memorándums relacionados con la iniciativa.

Los parlamentarios argumentan que los tres pilares del acuerdo —económico, de seguridad y coordinación multilateral— excederían una simple coordinación contra el crimen organizado. También cuestionan que el proceso no haya pasado por el Congreso.

La solicitud busca que la Contraloría determine si los actos relacionados con la incorporación de Chile se ajustan al ordenamiento jurídico nacional.

El canciller defendió la decisión ante el Congreso

El lunes 28 de septiembre, el canciller Francisco Pérez Mackenna fue interpelado en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Durante la sesión, el diputado socialista Nelson Venegas cuestionó los alcances de la incorporación y pidió al Gobierno explicar los beneficios que tendría para Chile participar en las dimensiones económica y política de la iniciativa.

Pérez Mackenna defendió la adhesión y sostuvo que Chile no asume obligaciones propias de un tratado internacional, calificando el documento como una declaración política.

El ministro también aseguró que la participación chilena busca fortalecer la cooperación contra el crimen organizado y sostuvo que la soberanía del país continúa siendo resguardada.

Al término de la interpelación, la Cámara aprobó además solicitar al Presidente José Antonio Kast antecedentes relacionados con el ingreso de Chile al Escudo de las Américas.

Debate por la soberanía

La discusión también ha involucrado a exautoridades de distintos sectores políticos.

Los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric manifestaron reparos respecto de la incorporación de Chile, mientras que desde el Gobierno se ha defendido la iniciativa como un mecanismo de cooperación internacional contra el crimen organizado.

El Ejecutivo ha insistido en que participar en una instancia de coordinación regional no significa ceder soberanía ni subordinar la política exterior chilena a otro país.

En paralelo, algunos exministros de Relaciones Exteriores han planteado que Estados Unidos habría ejercido presión diplomática para conseguir la incorporación chilena. Esa versión ha sido atribuida públicamente por el excanciller Mariano Fernández a una conversación reservada que sostuvo con el actual canciller; se trata de una afirmación atribuida a Fernández y no de un hecho establecido oficialmente por el Gobierno.

¿Qué viene ahora?

La polémica continúa abierta. Por una parte, el Gobierno sostiene que el Escudo de las Américas permitirá aumentar la cooperación internacional para enfrentar estructuras criminales que operan en distintos países de la región.

Por otra, parlamentarios opositores buscan esclarecer el alcance jurídico y político de la adhesión, además de determinar qué compromisos concretos asumió Chile y si correspondía una participación del Congreso en el proceso.

La discusión podría continuar durante las próximas semanas, mientras los organismos correspondientes revisan los antecedentes solicitados y el Senado tiene prevista una sesión especial sobre la materia.

Hagámonos Cargo seguirá atento a las definiciones y antecedentes que surjan respecto de la participación de Chile en el Escudo de las Américas.